La Justicia de Tucumán condenó a Telecom Argentina S.A. a pagar una indemnización superior a los $18 millones a un usuario que estuvo meses sin internet ni telefonía fija, mientras seguía recibiendo facturas y respuestas insuficientes por parte de la empresa.
La demanda fue promovida por el abogado Alejandro Daud Alvarez y obtuvo una resolución favorable que luego fue ratificada por la Cámara en Documentos y Locaciones.
Todo se inició en agosto de 2023, cuando D.U.B., cliente de la compañía desde hacía más de una década, sufrió la interrupción de los servicios de telefonía e internet. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la empresa atribuyó el inconveniente a una migración tecnológica hacia fibra óptica.
Sin embargo, el servicio no fue restablecido de manera efectiva. A pesar de ello, el consumidor continuó recibiendo facturas y realizando reclamos por distintos canales, sin obtener una solución concreta.
Ante esta situación, presentó una denuncia ante ENACOM y posteriormente inició una acción judicial con el patrocinio del Dr. Alejandro Daud Alvarez, invocando las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.
El tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó a Telecom indemnizar al usuario por daño material, daño moral y daño punitivo. Entre los fundamentos del fallo se destacó que la empresa mantuvo la facturación pese a no brindar el servicio contratado y no ofreció una respuesta adecuada al reclamo del cliente.
La compañía apeló la decisión, pero la Cámara en Documentos y Locaciones rechazó el planteo y confirmó íntegramente la sentencia. Más adelante, un recurso de casación también fue declarado inadmisible.
“Este fallo demuestra que los consumidores no tienen que resignarse frente al maltrato, la falta de respuestas o los abusos de grandes empresas. Cuando una prestadora cobra por un servicio que no brinda, debe responder”, sostuvo el Dr. Daud Alvarez.
Actualmente, el monto de la condena asciende a $18.842.941,69.
El fallo constituye un antecedente relevante en materia de defensa del consumidor y reafirma la obligación de las empresas de garantizar una prestación adecuada de los servicios contratados.