El Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos

Tras la negativa de Diputados y Senado a cinco decretos delegados, la gestión de Javier Milei restituyó las normas previas en entes públicos y sectores estratégicos de la economía.

El Gobierno Nacional dio marcha atrás con los cambios que había impulsado en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos luego de que el Congreso rechazara cinco decretos delegados a fines de agosto. La medida se oficializó con los DNU 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, que restituyen las normas vigentes previas a los decretos.

Según el texto oficial, se «restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos». Además, se incluyeron otros DNU del mes de agosto que también habían sido cuestionados.
Qué implicaban los decretos delegados rechazados

Los cinco decretos rechazados generaban modificaciones en distintos sectores:

    Decreto 462/2025: establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se convirtieran en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En concreto, modificaba sus funciones.

    Decreto 587 y 371: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasó a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

    Decreto 371: el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del organismo.

    Decreto 461/2025: el Ejecutivo disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

    Decreto 340: Desregulaba el transporte marítimo, permitiendo la entrada de buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional y restringiendo el derecho a huelga en sectores estratégicos.

    Decreto 351: Transformaba el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de un organismo descentralizado a uno desconcentrado, pasando a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

    Decreto 345/25: Fijaba la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

El Gobierno señaló que la restitución de las normas tiene como objetivo «no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa».

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