El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó hoy que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas representa un “avance legal sin precedentes”, por lo que instó a que el Poder Legislativo aborde su tratamiento “con la mayor celeridad posible”.
En el inicio de la conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que la iniciativa “busca dotar a la Argentina de un marco normativo integral, permanente y coordinado para la defensa de su soberanía, la protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo”.
Señaló que constituye un “hito en el proceso de recuperación” de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, y detalló que el proyecto de ley apunta a “castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de manera ilegítima” y a la vez otorgar al país las “herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
En cuanto a la defensa de los recursos naturales, indicó que el proyecto de ley deroga la Ley 26.659 y la reemplaza por un régimen que “expande el alcance de su aplicación y agrava las sanciones penales”.
Al mismo tiempo prohíbe ser proveedor, socio, accionista o participante directo de quienes realicen actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales y crea el Registro de Infractores.
“El Estado nacional, las provincias, los municipios y las personas humanas o jurídicas tienen prohibido contratar a los sujetos inscriptos en este registro”, subrayó el funcionario y añadió que, además, la norma “incorpora nuevas figuras delictivas y agrava las penas para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de otros recursos naturales no renovables”.
El vocero resaltó que la iniciativa redefine la defensa nacional como una función permanente del Estado para garantizar la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Argentina frente a amenazas y desafíos de origen externo, y en ese marco ponderó que establece restricciones destinadas a limitar la influencia extranjera.
En ese sentido rechazó algunas “interpretaciones maliciosas y críticas infundadas” al proyecto, aclaró que “la conducta que se invoca sólo se configura cuando se interfiere en el proceso decisorio de las autoridades constituidas del país mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos” y remarcó que se trata de un “hecho de extrema gravedad porque afecta la capacidad de autodeterminación del país y con ella su soberanía”.
Por último, Ravier ponderó que en estos casi tres años de gestión la administración nacional “se concentró en lograr el superávit fiscal”, lo que posibilitó que ahora podamos “comenzar a construir el punto logístico estratégico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”.
“El Presupuesto 2027 cuenta con una asignación específica para la Armada Argentina destinada a la construcción de la base naval integrada, y la única forma de planificar y concretar obras es con presupuestos superavitarios que aseguren que el capital para construir esté disponible», concluyó.