En este marco las principales cámaras productivas del país coincidieron en que el sector atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, caracterizada por la caída del consumo, el retroceso fabril y una preocupante ola de cierres. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) lanzó un duro documento donde declaró que las pymes locales se encuentran actualmente «en peligro de extinción» y responsabilizó de forma directa al rumbo económico de la Casa Rosada.
Según los datos recabados por la entidad, el actual modelo de «economía dual» —que privilegia el sector financiero y extractivo en desmedro del entramado nacional— provocó la desaparición de más de 26.000 empresas desde finales de 2023, lo que representa una alarmante tasa de 30 cierres diarios. Las proyecciones de las filiales regionales resultan todavía más dramáticas: desde APYME Santa Fe compararon la situación actual con el peor momento de la pandemia debido al desplome de las ventas, el tarifazo en los servicios regulados (gas y luz) y el ingreso de productos extranjeros con precios de dumping. De no revertirse estas condiciones, advierten que hasta diciembre podrían quebrar otras 40.000 firmas.
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Ricardo Diab, alertó sobre un marcado proceso de concentración económica, donde los pequeños comercios e industrias pierden terreno frente a los grandes jugadores concentrados. Desde CAME cuestionaron las asimetrías que genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo «Súper RIGI», normativas que otorgan amplios beneficios fiscales y aduaneros a corporaciones extranjeras mientras dejan fuera de competencia a los proveedores locales.
Las pymes representan el 99% del mapa empresarial argentino y generan cerca del 70% del empleo privado formal. Frente a este peso estructural, los dirigentes empresarios concluyeron que es imposible pensar en una reactivación genuina si se mantiene deprimido el mercado interno —principal motor de las pymes— y se continúa con el desfinanciamiento de organismos científicos clave para la transferencia tecnológica como el INTI y el INTA.
FUENTE: Diario El Argentino