La audiencia fue dirigida por el titular de la Unidad Fiscal, Diego López Ávila, junto a la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quienes solicitaron la extensión de las medidas de coerción respecto de tres hombres actualmente imputados.
Según la acusación, entre los meses de febrero de 2023 y mayo de 2024 los imputados, junto a otros individuos aún no identificados, habrían conformado una organización criminal con estructura jerarquizada, división de roles y un claro reparto de funciones.
El grupo identificaba propiedades vulnerables (algunas deshabitadas, otras habitadas por adultos mayores o en trámite sucesorio) para luego realizar un seguimiento previo y analizar sus condiciones dominiales y catastrales.
Con esa información, ejecutaban el ingreso violento o clandestino a los inmuebles, valiéndose de herramientas para forzar puertas o candados, e incluso mediante intimidaciones a los ocupantes. Posteriormente, confeccionaban documentación falsa, incluyendo contratos de locación, cesiones de derechos y actas selladas con logos de organismos oficiales y firmas apócrifas de escribanos públicos, con el fin de simular legitimidad en la posesión y confundir tanto a las víctimas como a la Justicia. Además, se detectaron maniobras de acceso a información reservada proveniente de fuentes policiales, utilizada por la organización para evitar allanamientos y obstaculizar las investigaciones.
La investigación sigue en curso bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a otros posibles involucrados y asegurar la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.