En plenario de comisiones, el proyecto presentado por los rectores, que reabre paritarias y garantiza gastos de funcionamientos, consiguió apoyo mayoritario.
Luego de que avance el dictamen de la declaración de la emergencia pediátrica, diputados de la oposición le dieron un nuevo impulso a la ley de financiamiento universitario, presentado por los rectores y la comunidad docente en medio de los reclamos del sector, y lograron dictaminarlo con 49 de 77 firmas.
El proyecto llegó al plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto luego de alcanzar 161 votos a favor y 68 en contra en la última sesión. Su objetivo apunta a la reapertura de paritarias (que no se convocan desde octubre), fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
El temario además incluye un expediente para contemplar la recomposición salarial para docentes de los niveles educativos obligatorios, de formación docente y técnica del sistema educativo. La intención opositora es convocar a una sesión para la última semana de julio para tratar la propuesta. El oficialismo tiene guardadas dos cartas para prorrogar su votación: establecer un receso invernal o citar a Guillermo Francos a que ofrezca un nuevo informe de gestión. «De agosto no pasa», asegura un legislador que firmó el dictamen mayoritario y se mostró optimista en una votación «Esto camina».
Según pudo saber Ámbito, hay al menos cinco dictámenes. El de mayoría (de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre e Innovación Federal) respalda el proyecto presentado por rectores, aunque sectores internos quitaron de la propuesta la paritaria de otros niveles educativos no universitarios.
También hay dos dictámenes del radicalismo (uno de la UCR y otro de los radicales libertarios de La Liga del Interior), uno del Frente de Izquierda (busca sumar salarios para los cargos ad honorem, presupuesto para la ciencia y técnica y para las obras sociales universitarias) y uno de rechazo (de La Libertad Avanza). Desde el PRO, y para evitar evidenciar las disidencias internas (algunos en contra del proyecto y otros a favor), no firmaron ningún proyecto.
Entre las intervenciones, el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria) apuntó que «10.000 docentes universitarios renunciaron porque ganan una miseria», lo que representaría el 7% del total del cuerpo de profesores. «El 70% de los docentes cobra menos de $300.000. El 20% cobra en torno a $500.000 y sólo el 10% de todo el sistema tiene cargos de dedicación exclusiva y tienen un salario de arranque de $1.000.000», añadió.
También tomó la palabra el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal), quien señaló la necesidad del proyecto porque la actual situación «provoca que muchos científicos dejen el sistema y, como hay un parate de la economía y no hay tampoco trabajo en el sector privado, terminen saliendo de país con las graves consecuencias que tiene eso de desarrollo».
Luego, el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) ratificó que se precisa «que las universidades puedan volver a tener prioridad presupuestaria» y pidió hacer énfasis en una cuestión que «mata la esencia de lo que es la universidad pública en la Argentina, es la política de extensión e investigación que están siendo desmanteladas en todo el ecosistema universitario y de ciencia».
«Cuando no invertís en ciencia y tecnología, te quedás afuera del mundo. Este es el modelo que propone actualmente el Gobierno», planteó la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre).