En un operativo silencioso pero decisivo, el Gobierno tucumano demolió el portón instalado por integrantes de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem) sobre el camino a la Quebrada del Portugués, un antiguo paso colonial convertido en ruta alternativa para senderistas, bikers y pescadores.
La medida fue ejecutada el jueves por orden de la Fiscalía de Estado, tras determinarse que la estructura impedía el libre tránsito en una zona de dominio público.
Obstrucción de paso
El procedimiento, encabezado por la Unidad Ejecutora de la Fiscalía de Estado y respaldado por personal de Infantería de la Unidad Regional Oeste, se realizó sin incidentes, aunque un representante de la comunidad intentó frenar la demolición. “Era un atropello a los derechos de todos los tucumanos”, expresó Marcos Décima, un pescador que hace años denunciaba la obstrucción.
El acceso, que inicia en Pueblo Viejo y finaliza en El Rincón (Valle de Tafí), es parte de un histórico corredor hacia el Alto Perú utilizado desde la época colonial. Aunque perdió relevancia tras la apertura de la ruta 307, su valor como paso alternativo se mantuvo vigente entre deportistas y aventureros.
Un proyecto que no avanzó
A mediados de los años 90, el entonces gobernador Antonio Bussi impulsó un proyecto para convertirlo en ruta, pero sólo se logró abrir una senda de 32,8 kilómetros antes de que la vegetación lo recuperara. Durante años, la traza fue utilizada por aficionados al trekking, la pesca y las carreras de aventura. Sin embargo, el acceso se vio limitado cuando la base El Rincón de la Cidem instaló un portón, fijando horarios de ingreso sin llegar a cobrar peajes.
“La gente no podía llegar al punto donde se suelen iniciar búsquedas de extraviados en la zona. Era una restricción innecesaria”, comentó el biker Javier Núñez.
Una denuncia llegada a la Fiscalía de Estado motivó una investigación que reveló que las tierras en disputa tenían varios titulares, entre ellos el Ejército Argentino y el Gobierno provincial. La comunidad justificó la instalación del portón en base a derechos ancestrales, pero, según las autoridades, no existía reconocimiento legal de tales reclamos.
Se actuó con firmeza
“Se actuó con la misma firmeza que en cualquier otra causa. Confirmamos que era un bien de uso público y recuperamos lo que es de todos los tucumanos. Esta es una decisión política del gobernador Jaldo que estamos ejecutando”, declaró la fiscal de Estado, Gilda Pedicone.
El desmonte del portón no fue la única acción en los Valles Calchaquíes. En paralelo, se llevó a cabo otro procedimiento en El Potrerillo, donde la Provincia recuperó terrenos que pertenecían a la Escuela 374 y que habían sido ocupados por la misma comunidad indígena años atrás.
Con apoyo de personal de la Dirección Provincial de Vialidad, se retiraron alambrados y carteles que proclamaban la supuesta propiedad indígena sobre esas tierras. Finalmente, los abogados del Ministerio de Educación tomaron posesión legal del terreno.
Poner un límite
Las autoridades de la comunidad indígena se abstuvieron de hacer declaraciones, pero entre vecinos y visitantes la reacción fue de alivio. “Era hora de poner límites. Esta gente se autoatribuye derechos que nadie les ha concedido. Aquí está el futuro del turismo en El Potrerillo y El Rincón, y no pueden hacer lo que se les antoje”, opinó María del Valle Heredia, una veraneante.
Los operativos marcan un giro firme del Gobierno tucumano en la disputa por el uso y acceso al suelo en zonas con creciente valor turístico. La administración provincial asegura que continuará interviniendo en todos aquellos casos donde existan apropiaciones irregulares de espacios públicos.
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