Una exhaustiva investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, puso al descubierto el funcionamiento de una presunta organización criminal estructurada que, operando desde el año 2021 bajo la fachada comercial de la firma «Constru Servicios S.A.S.», desplegó una continuada maniobra destinada a la comisión de defraudaciones y estafas reiteradas. La red delictiva era dirigida de forma directa por el sujeto sindicado por los investigadores como el ideólogo y jefe de la asociación, quien se valía de una estricta división de roles que involucraba a sus socios principales, y a un sofisticado engranaje financiero compuesto por familiares directos y allegados.
En el marco de la pesquisa, la UFI interviniente solicitó autorización judicial para realizar este martes 6 de octubre, allanamientos para concretar detenciones y el secuestro de elementos vinculados a los delitos investigados. Tales medidas fueron requeridas en contra de siete personas, entre ellos el líder de la organización y un efectivo de una fuerza nacional, por resultar presuntos coautores de los delitos de estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación Ilícita.
El Modus Operandi
En sus inicios, la organización concentró su actividad en la oferta y celebración sistemática de contratos de locación de obra destinados a la construcción de viviendas bajo la atractiva modalidad «llave en mano». Asimismo, los sospechosos concretaban acuerdos e intervenían en la compraventa fraudulenta de lotes y vehículos. A cambio de estas falsas promesas, la banda recibía de las víctimas millonarias sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, mercaderías, automóviles y derechos sobre diversos inmuebles.
Según consta en el expediente de la investigación, llevaban adelante estas captaciones patrimoniales con pleno conocimiento de que los fondos y bienes recibidos jamás serían destinados al cumplimiento de las obligaciones pactadas. El jefe de la banda y sus colaboradores ocultaban de manera maliciosa su real estado de insolvencia, así como la absoluta falta de titularidad sobre los bienes y terrenos que comercializaban. Para generar y mantener una falsa confianza que indujera a los damnificados a desprenderse de sus ahorros, el líder exhibía la estructura exterior y corporativa de su supuesta empresa constructora como una sólida garantía de solvencia.
Para que el engaño resultara creíble y perdurara en el tiempo, fue indispensable la participación de sus socios, encargados de aportar la logística necesaria para simular una actividad empresarial real. Detrás de ellos operaba una segunda línea de contención financiera, cuya principal tarea consistía en dilatar los reclamos y sostener el circuito mediante la emisión sistemática de instrumentos de pago y cheques que carecían por completo de respaldo bancario.