La Libertad Avanza junto a sus socios del PRO y la UCR firmarán un dictamen que hace foco en la prevención, a través de un sistema de advertencias y educación financiera, sin dar una solución económica real y concreta a las personas que están endeudadas con mora con bancos y proveedores financieros no bancarios.
«Te mandan a estudiar», se quejó un diputado opositor sobre el proyecto del oficialismo.
En efecto, no se plantea una intervención económica en el mercado a través de límites a las tasas elevadas que cobran bancos y billeteras electrónicas, o planes de reestructuración compulsiva de deudas.
En cambio, la iniciativa que suscribirán Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, sí hacen eje en resolver la situación crítica de los más de 6 millones de personas morosas con instrumentos activos.
El proyecto de la oposición consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.
No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.
Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.
Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que se asemeja mucho al dictamen de la oposición dura.
El dictamen se basa en el proyecto presentado por el ex gobernador misionero y actual jefe de bloque de AF, que crea el «Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal».
Este instrumento permite unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.
Los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Por otra parte, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas