En diálogo con LV12, Celina Calore, economista del CESO, explicó que los estudios realizados en distintas ciudades muestran un creciente deterioro en la relación entre ingresos y alquileres.
“Medimos los precios de oferta de alquiler para la vivienda en distintas ciudades y lo que pudimos notar es que cada vez le cuesta más a las familias poder alquilar, le lleva más del ingreso familiar; en el caso de los jubilados más del 80% del haber mínimo se puede ir en un alquiler, es decir que le queda muy poco para poder vivir, comprar alimentos, pagar servicios básicos, etc.”, detalló.
La especialista señaló que, aunque el problema no es nuevo, la situación se profundizó de manera marcada en los últimos años: “Si bien esto no es nuevo, en los últimos dos años se ha agravado fuertemente y lo que vemos es que por primera vez en nuestro informe, vemos que hay ingresos de la población que no alcanzan ni para alquilar un monoambiente, como lo es el salario mínimo vital y móvil, nunca nos había pasado que no llegara a cubrir ni siquiera el monoambiente y esto tiene que ver con el desgaste de políticas económicas”.
Calore indicó que los costos varían según la región, aunque existe un promedio que permite dimensionar el problema: “En promedio estamos viendo que, dependiendo de la zona y la región del país, se necesitan $370 mil pesos, si bien es cierto que los trabajadores no cobran un salario mínimo, sí nos da una referencia de cómo se van moviendo otros sectores como lo son los planes sociales, o del empleo formal”.
La economista también analizó el escenario posterior a la derogación de la Ley de Alquileres, señalando que el aumento en la oferta no logró traducirse en una baja de precios: “Esto es muy complejo, el sueño de la vivienda propia termina siendo un problema. En el último año, hubo entre un 30 y 35% de aumento de precios. Con la Ley de Alquileres el argumento era que iban a subir la demanda de alquileres y eso iba a descomprimir los precios, la primera parte fue así, hoy hay más viviendas para alquilar pero los precios no ceden entonces tenemos inquilinos más desprotegidos”.
El informe del CESO vuelve a poner en discusión el impacto de la suba sostenida de los alquileres y las dificultades que enfrentan jubilados, trabajadores y sectores vulnerables para sostener el acceso a una vivienda.