El Gobierno busca acelerar la venta total de Intercargo

El Ministerio de Economía confirmó que este jueves se conocerán los detalles de la operación. Manuel Adorni anunció además que el 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinará a reforzar a las Fuerzas Armadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la inminente privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de la asistencia en tierra a aeronaves en los principales aeropuertos del país. A través de un mensaje en X, adelantó que “mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo”, en lo que definió como un nuevo paso dentro del proceso de transformación del sector aerocomercial.

Según detalló, la operación se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación accionaria y la continuidad de sus operaciones en todos los aeropuertos donde actualmente presta servicios. El esquema contempla mantener contratos, licencias y funcionamiento operativo.

El funcionario enmarcó la decisión en una serie de reformas previas, entre ellas la desregulación del mercado aerocomercial y la habilitación de nuevos prestadores de servicios de rampa. En esa línea, sostuvo que el objetivo es “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, expresó.

En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en conferencia de prensa que el Gobierno destinará el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas. La medida apunta, según explicó, a “promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar” y consolidar una política de defensa a largo plazo.

El anuncio se inscribe en la estrategia general del gobierno de Javier Milei de reducir la participación estatal en empresas públicas y redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias.

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