En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia requerida por la defensa técnica de Justina Gordillo (48), a los fines de requerir el cese de la prisión preventiva que hace un mes viene cumpliendo en el marco de la causa que investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur.
Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo. A Gordillo se le atribuye provisoriamente el delito de encubrimiento doblemente agravado, por favorecimiento personal y por su condición de empleada judicial. Cabe recordar que también se encuentran privados de su libertad Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que la prisión preventiva resultaba “irrazonable y desproporcionada”. En ese sentido, afirmó que ya no subsisten riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó la revocación de dicha medida y la libertad con reglas de conducta o bien, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario.
La postura del Ministerio Fiscal
El planteo fue rechazado por la Fiscalía. Durante la audiencia, el fiscal Gallo manifestó que “aún restan innumerables evidencias por producir” y remarcó que se trata de “una investigación dinámica, donde hay elementos que se van conformando y otros descartando”.
A su vez, señaló que en los últimos días se registraron avances significativos en la causa y anticipó que podría producirse un agravamiento de la situación procesal de la imputada, indicando que “pronto habrá una reformulación de cargos”.
Entre los elementos mencionados por el MPF se encuentra un informe preliminar del análisis UFED del teléfono celular de Gordillo, del que surge que el día del hecho se registraron 28 llamadas entre ella y Sosa.
“El planteo defensivo es absolutamente infundado y temerario al pretender resolver el caso con tanta simpleza y ligereza”, sostuvo el fiscal, al tiempo que afirmó que “la necesidad de cautelar el proceso con prisión preventiva surge hoy más fuerte y más nítida que nunca”.
Resolución
Tras escuchar a las partes, el juez Bernardo L’Elario Babot resolvió rechazar el pedido de la defensa. El magistrado consideró que “la investigación fiscal aún se encuentra en una etapa inicial y dinámica, habiendo transcurrido un lapso relativamente breve desde su inicio, con múltiples medios probatorios en curso y con la necesidad de continuar profundizando diversas líneas investigativas”.
Al mismo tiempo, indicó que “el planteo defensivo no introduce circunstancias objetivas nuevas que permitan afirmar que los riesgos procesales oportunamente valorados al momento de dictarse la prisión preventiva hayan desaparecido o se hayan neutralizado”. Por el contrario, sostuvo que las razones que justificaron la adopción de la medida coercitiva “continúan vigentes”.
En consecuencia, resolvió rechazar la solicitud de libertad o arresto domiciliario formulada por la defensa y mantener la prisión preventiva de Gordillo. Sus abogados adelantaron que apelarán la decisión.
El hecho
De acuerdo a la imputación, el 7 de enero de 2026, en horas de la madrugada, Sosa, con la intervención de otras personas aún no identificadas, dio muerte a Álvarez mediante el ejercicio de violencia física. Posteriormente, Gordillo se hizo presente ese mismo día a las 13:37 en el domicilio de su pareja, Sosa, ubicado en calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, a bordo de su automóvil, retirándose alrededor de las 15:24. Más tarde regresó a las 20:28, permaneciendo en el lugar hasta las 07:07 del día siguiente. Finalmente, el 8 de enero volvió a presentarse a las 19:38 y se retiró minutos después, a las 19:58.
La Unidad Fiscal sostiene que la imputada habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima y de la camioneta Amarok utilizada por Sosa, conocido como “El Militar”, así como en la desaparición del teléfono celular de Álvarez y de otros rastros vinculados al hecho. También se le atribuye haber colaborado en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, ayudándolo a él y a otras personas aún no identificadas a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.