Durante el acto procesal el auxiliar de fiscal Hugo Campos formuló los cargos contra Máximo Carreras (19) y Santiago Bagne (18) por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores.
Según el relato del hecho presentado por la Fiscalía, el ataque ocurrió el pasado 29 de enero, alrededor de las 5:00 horas, en las inmediaciones del local bailable “Cañada”. Los acusados, actuando en acuerdo con otros quince sujetos, persiguieron a Patricio Ledesma (19) tras la salida del boliche.
La teoría del caso sostiene que los agresores hicieron caer a la víctima en una zanja y, mientras el grupo le propinaba múltiples golpes de puño y puntapiés en la cabeza y el cuerpo, los imputados conformaron un cerco humano de contención. El objetivo era doble: impedir que la víctima escapara y evitar que terceros pudieran auxiliarla. El MPF destacó que el joven se encontraba en posición fetal e indefenso, y que el ataque no tuvo consecuencias mayores gracias a que un grupo de personas logró romper el cerco para protegerlo.
Fundamentos de la medida
Al solicitar la prisión preventiva, el representante del MPF calificó el hecho como «extremadamente violento» y subrayó la desproporción de fuerzas. «El móvil fue provocar lesiones graves por parte de muchas personas ante una sola que estaba indefensa. Además, estamos ante un grupo agresor del cual solo se han podido identificar a dos», expresó Campos.
La Fiscalía justificó la necesidad de la medida de máxima intensidad señalando que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y que resta identificar a la mayoría de los participantes. «Para garantizar el proceso, la única medida eficaz es la prisión preventiva para salvaguardar las pruebas», fundamentó el auxiliar de fiscal.
Continuarán detenidos
Tras escuchar los argumentos, el juez interviniente resolvió hacer lugar de manera parcial a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal fundamentando la decisión en el peligro de obstaculización de la investigación, y ordenó que los acusados permanezcan privados de su libertad por el término de 30 días mientras avanza el proceso.