A partir del 1° de enero, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, iniciará un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
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El escenario base del Central prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026. Ese proceso podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones. Si la demanda de dinero aumentara un punto adicional del producto, las compras podrían escalar hasta u$s17.000 millones, siempre sujetas a la oferta de divisas.
Por fuera del dólar: cuáles son las problemáticas que afectan a la industria
Para Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, el esquema anunciado puede leerse como una mejora respecto del régimen vigente. “En el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”, explicó. Según su mirada, permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.
Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida: señaló que se dejó pasar la posibilidad de avanzar hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio.
En ese sentido, remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, sostiene.
En el plano macroeconómico, subraya que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento, al tiempo que los avances en materia de desregulación, “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”.
Aun así, advirtió que la producción enfrenta hoy un cuadro “complejo”. Según advierte el economista, las necesidades del sector productivo quedaron postergadas por la urgencia de la estabilización macroeconómica y, en muchos casos, fueron agravadas por medidas oficiales que lo perjudicaron frente a la competencia externa.
Entre estas iniciativas, mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. También señaló la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación.
Poli resalta, además, que las exportaciones de productos industriales continúan siendo “castigadas”. Menciona el mantenimiento de retenciones y la falta de devolución de impuestos, como el IVA y los reintegros, como factores que deterioran la competitividad externa.
Para el economista, la Argentina no puede funcionar únicamente con sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó. Sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.
En ese sentido, considera un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global donde China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, propuso que el Gobierno abra un diálogo con las distintas cadenas de valor.
Según Poli, ese diálogo debería permitir “identificar problemáticas específicas y destrabar cuellos de botella sectoriales”. A partir de allí, sostuvo, deberían diseñarse políticas activas de competitividad, especialmente ante la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial, y las fuertes inversiones industriales que realizan otros países.
En esa línea, el Director de Sistémica también pone el foco en la necesidad de una estrategia de reconversión productiva en sectores como el automotriz, el textil, el azucarero y los biocombustibles, donde una alianza público-privada podría “aprovechar activos existentes y mitigar impactos negativos”.
Por el contrario, entiende que, actualmente, la adaptación de los sectores productivos se está realizando “a golpes de mercado”. Según explicó, la ausencia de políticas públicas “acelera cierres, destruye capacidades productivas y genera desempleo”, sin una reasignación eficiente de recursos.
“El capital no es plastilina y las habilidades de los trabajadores no son universales”, sostuvo. La destrucción de activos, explicó, no habilita automáticamente la creación de nuevas actividades, sino que deja chatarra productiva y pérdida de empleo.
El diagnóstico del economista se refleja en los datos. Desde agosto de 2023, la actividad creció apenas 1,1%, impulsada por los sectores extractivos, que avanzaron 9%. En contraste, la industria cayó 7,7% y la construcción 23%. El empleo industrial pyme acumula diez trimestres consecutivos de caída, con una baja del 11%, comparable a la crisis de 2008-2009.