El Ejecutivo reconoce que busca acercar posiciones con la CGT para no tensionar el tratamiento en el Congreso. “Los cambios están enfocados en la creación de empleo”, expresan en Nación.
El Gobierno nacional asegura que la reforma laboral no incluirá los artículos que avanzaban sobre el poder y las cajas de los gremios. El Ejecutivo sostiene que la reforma sindical no es una prioridad y reconoce que busca acercar posiciones con los sindicatos para no tensionar el tratamiento de los cambios en el régimen de trabajo en el Congreso.
“La reforma está enfocada en la creación de empleo. No va a haber cambios sobre los sindicatos”, expresan en Nación.
La mesa política del oficialismo quiere que la iniciativa obtenga media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre, de forma que se trate en Diputados luego del 15 de enero.
La encargada de las negociaciones de La Libertad Avanza en la Cámara Alta es la jefa de bloque, Patricia Bullrich, que buscará estar al frente de la comisión de Trabajo y Previsión Social de forma temporal hasta febrero. Planea luego cedérsela a su titular actual, Carmen Álvarez Rivero. El documento final será enviado hoy al Senado.
La Casa Rosada descarta incluir la limitación del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación- dentro del texto final.
Se trata de un punto que la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó desde la primera instancia y negoció con distintos integrantes del gabinete en las últimas semanas.
El Gobierno realizó además otro cambio dentro del texto final: incorporó la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad con la salvedad de que esos acuerdos solo podrán ser firmados por el sindicato con personería gremial.
El agregado deja fuera a comisiones internas o delegados.
En el Ejecutivo no dan definiciones sobre el artículo que restringe la ultraactividad de los convenios colectivos, un punto que la CGT considera de alto impacto.
La última versión del proyecto incorpora una disposición transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo, dentro del plazo de un año desde la promulgación de la ley, a convocar a las partes para negociar o ratificar las cláusulas de convenios vencidos.
En la Casa Rosada tampoco afirman si el texto final incluirá la tipificación de la organización de bloqueos o tomas de establecimientos como una infracción.
Se le suma además la reglamentación estricta del derecho del derecho de huelga, que formó parte del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que impulsó el ministro Federico Sturzenegger.
En el oficialismo insisten con que no está definido si la presentación de la reforma se realizará a través de una conferencia de prensa o si se enviará directamente al Congreso. “El proyecto final es muy similar al que ya circuló”, expresan en Nación.