En un giro inesperado dentro del escándalo por la venta irregular de tierras fiscales, el Gobierno provincial resolvió empoderar a los comisionados rurales con nuevas facultades de control y fiscalización.
A partir de esta semana, tienen la obligación de paralizar construcciones no autorizadas, revisar edificaciones en curso y evitar nuevas obras sin aprobación previa, en un intento por frenar la creciente ola de usurpaciones y loteos ilegales que afecta a diversas villas turísticas.
La medida fue oficializada a través de la Resolución N°11 de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, organismo dependiente de la Fiscalía de Estado, y apunta especialmente a situaciones detectadas en El Mollar, San Javier y El Cadillal, aunque también se investigan casos similares en El Siambón, Raco y Río Nío.
Verificación Dominial y de Obras
A partir de ahora, cada comuna rural deberá conformar una Comisión Comunal de Verificación Dominial y de Obras, integrada por un representante comunal, un técnico urbanístico-legal y un abogado. Este equipo tendrá la facultad de inspeccionar cada obra nueva o en ejecución, verificar su situación dominial, y clausurar cualquier edificación que carezca de documentación respaldatoria, en especial sobre terrenos fiscales.
Además, se prohíben expresamente nuevas construcciones, apertura de calles, loteos, tala de vegetación nativa y cualquier alteración ambiental sin los informes técnicos correspondientes emitidos por Catastro, Flora y Fauna, y el Ente Tucumán Turismo.
La resolución se apoya en el artículo 18, inciso 9 de la Ley N° 7350, que habilita a las comunas a ejercer poder de policía en materia dominial y ambiental.
Sospechas de complicidad
La decisión se tomó en un contexto de fuertes sospechas sobre la complicidad de comisionados rurales en maniobras fraudulentas. El caso más avanzado es el del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, por el cual ya se investiga al excomisionado Jorge Cruz, mientras que en El Cadillal, el actual titular comunal Dante Delgado quedó bajo la lupa por su rol en la fallida regularización dominial durante y después de la campaña electoral.
La Justicia, por su parte, continúa reuniendo pruebas en la causa penal iniciada por el fiscal Miguel Varela, quien ya logró avances significativos en la investigación. Se espera que en breve formule cargos contra al menos siete personas involucradas en la organización de loteos ilegales, entre ellos exfuncionarios de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, disuelta por decreto a inicios de año.
La resolución encendió el malestar entre los vecinos de las villas afectadas, quienes denuncian que fueron víctimas de estafas y que actuaron “de buena fe” al comprar sus terrenos. Más de 300 personas presentaron una nota conjunta en Casa de Gobierno, la Legislatura y el Ente Tucumán Turismo solicitando una salida pacífica al conflicto.
Los compradores
“No somos usurpadores, compramos con nuestros ahorros. El Estado nos debe una solución”, expresó Luciana Albornoz, vecina de El Cadillal. En la misma línea, Guido Ramírez, que intenta finalizar su casa en El Mollar, criticó: “Muchos de los terrenos escriturados costaban el doble. Nadie nos advirtió que había problemas”.
Mientras tanto, Fernando Lazarte aseguró que el clima es de incertidumbre: “No sabemos si mañana vendrán a decirnos que debemos desalojar. Encima ahora no se puede construir más”.
En contraste, otros vecinos como María del Carmen Ramírez respaldaron la medida: “Si todo está en regla, no hay nada que temer. Pero si hiciste las cosas por izquierda, seguro que terminás mal. Está bien que empiecen a poner orden”.
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